El Poder Ejecutivo, a través del decreto 729/2022, crea el “Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”, como un ente descentralizado con autarquía económica y financiera, que tiene como principales objetivos elaborar políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo de los sectores agro-productivos, vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena, y la pesca artesanal.

En este sentido, debe acompañar la transición de la producción agroecológica y fomentar el dictado de programas que mejoren el hábitat rural, el acceso al agua y las condiciones productivas de los pequeños productores.

Asimismo, debe generar instancias de participación de los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena, como así también reconocer y fomentar sus formas asociativas, convocando y coordinando espacios interinstitucionales con participación de los ámbitos público y privado relacionados con la actividad de su competencia.

En ese marco, podrá intervenir en el seguimiento de negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales y de cooperación internacional.

Para poder cumplir con sus propósitos debe proponer políticas, normas y procedimientos respecto a la utilización y disposición de bienes que pudiesen pasar a integrar el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar y en ese contexto participar en la adquisición o enajenación, la constitución y extinción de derechos reales o personales, locación, comodato o transferencias de uso, obras y servicios de bienes inmuebles estatales.

Finalmente, la norma lo autoriza a adquirir bienes e intervenir en la celebración de contratos de concesión de uso y/o cualquier otro contrato civil o comercial.

Se crea el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena