Sesiones extraordinarias: los proyectos que trataría el Congreso

El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso una serie de proyectos económicos para que sean tratados durante el período de sesiones extraordinarias. Entre ellos, se encuentra la modificación a la ley del Presupuesto 2023 para incluir el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la ley de blanqueo y la nueva moratoria previsional, que ya cuenta con media sanción.

Asimismo, se tratarían otras iniciativas tales como el “monotributo tech”, el marco regulatorio para el desarrollo de GNL y de hidrógeno y un proyecto para el desarrollo agroindustrial.

Se estima que la actividad parlamentaria se retomará en la segunda quincena de enero.

Coparticipación y Presupuesto

El Poder Ejecutivo es el que buscará compensar a las cuentas públicas por la nueva obligación de transferir a la Ciudad de Buenos Aires más fondos de la coparticipación tras el fallo de la Corte Suprema, que decidió devolverle al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta parte del porcentaje de reparto federal de recursos.

El Gobierno analiza incrementar el tributo que paga el juego online y la posibilidad, también, de extender a todo el país un gravamen vía Ingresos Brutos que la Ciudad -y otras jurisdicciones- cobran a los bancos por los intereses que cobran por su tenencia de Leliq del Banco Central.

Para el caso del impuesto al juego online, se incrementarían las alícuotas actuales, que van desde un rango de 2,5% para operadores residentes en el país y se extiende hasta el 15% para los residentes en países de baja o nula tributación.

En el otro punto, la administración porteña había implementado una alícuota del 8% de Ingresos Brutos en los intereses que cobraran las entidades financieras por contar con las letras del Banco Central.

Blanqueo de capitales

El proyecto denominado “Exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional” creará un régimen especial de “Declaración Voluntaria” de ahorros no declarados que alcanzará a personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, incluidas las modificaciones dispuestas en diciembre de 2019.

El blanqueo abarcará las tenencias en moneda nacional o extrajera, tanto en el país como en el exterior, activos financieros, bienes muebles e inmuebles y otros bienes situados en el país y en el exterior, incluyendo créditos vigentes.

La recaudación total tiene como asignación prevista un 20% a un “Fondo específico” para pago de la deuda con el FMI, otro 20% será para subsidios a las Mipyes, otro 20% a financiar becas del plan Progresar y un 40% a programas y proyectos que aprobados por la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”.

Plan de pagos de aportes jubilatorios

El Gobierno nacional había extendido el plazo de la moratoria previsional de la Ley 26.970, que vencía el 23 de julio al 31 de diciembre de 2022, pero no pudo terminar de aprobar el proyecto que prevé un “Plan de pago de deuda previsional”.

En caso de no sancionarse, en el Poder Ejecutivo estiman que unas 800 mil personas perderán la posibilidad de sumarse a un plan de pago por no contar con los aportes totales para jubilarse.

El proyecto de Ley de nueva moratoria ya tiene media sanción del Senado, pero no fue tratado en Diputados. Podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones

Prevé la “unidad de pago de deuda previsional”, para que aquellos sujetos en edad jubilatoria que no reúnen los aportes de ley y la “unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, para quienes estén cerca de la edad jubilatoria pero sepan que no puedan acceder al beneficio por falta de aportes previsionales.

“Monotributo tech”

El ministro de Economía, Sergio Massa, impulsará la creación de un beneficio cambiario sobre los incrementos en sus exportaciones que logren las empresas del sector de la Economía del Conocimiento.

Ese nuevo régimen estaría dirigido a profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento (SBC) al exterior y también a gamers, es decir, a personas que participen en competencias de e-sports a nivel profesional y que cobren una remuneración por esa actividad.

Abarcará a programadores hasta otros profesionales que no están relacionados de forma tan directa con la tecnología, como artistas o guionistas que tienen clientes en el exterior.

El nuevo esquema de régimen simplificado de impuestos para exportadores de servicios tendría tres categorías. La primera incluirá aquellos contribuyentes que exporten por hasta u$s10.000 anuales (unos u$s833 por mes, que equivale a $275.000 a precio del dólar MEP con cotización de este lunes).

La categoría 2 contemplará a quienes facturen hasta u$s20.000 por año (1.666 dólares por mes, lo que en pesos a valor MEP significaría poco más de $550.000). Por último, la categoría más alta será la que tenga habilitada hasta una facturación anual de u$s30.000, es decir 2.500 dólares por mes o $827.000 a precio MEP.

Ley de GNL e hidrógeno

Aunque aún no haya circulado el proyecto, el Poder Ejecutivo buscará implementar un marco regulatorio para el desarrollo de GNL y de hidrógeno como fuentes de energía e incluiría un programa de estabilidad fiscal con un horizonte de treinta años y reglas para las inversiones en ese sector.

En paralelo, también enviará el Ejecutivo una ley para establecer un marco de estabilidad fiscal para las inversiones en hidrógeno, que fue anunciado en noviembre por el ministro de Economía Sergio Massa en un acto en Río Negro, la provincia en la que tendrá lugar la inversión de la minera australiana Fortescue para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde que requerirá una inversión de 8.400 millones de dólares hasta 2028.

Ley Agroindustrial

La iniciativa llevaría como nombre “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable” que genera incentivos fiscales y tiene como objetivo el desarrollo de la cadena sectorial con la promoción de inversiones, la creación de 700.000 puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnología.