Obras sociales: aportes y contribuciones vigentes y un eventual incremento

La ley 23660 aprueba el régimen nacional de obras sociales, regulando la actividad de las mismas, y el decreto 576/1993 es la norma que la reglamenta.

El artículo 16 de la ley establece los siguientes aportes y contribuciones para el sostenimiento de las acciones que deben desarrollar las obras sociales:

• Aporte de los trabajadores: 3% de su remuneración.
• Contribución del empleador: 6% de la remuneración que abona el empleador.

Hay que tener en cuenta que para los aportes se aplica el tope a la base imponible, que a partir del período devengado setiembre de 2020 se elevó a $ 198.435,52, a través de la resolución 325/2020 de la ANSES, mientras que para las contribuciones patronales no corresponde topear la base de cálculo para determinar el 6%.

Ahora bien, hace tiempo que los agentes de salud enfrentan una crisis económica y financiera, que se profundizó con la pandemia por el coronavirus y también por la caída de recaudación de cargas sociales que ingresan a la AFIP. La grave situación alcanza tanto a los agentes de salud de origen gremial como a la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), como publicó La Nación.

Por esta razón, se está estudiando un eventual incremento tanto de los aportes como de las contribuciones, en 1 punto porcentual, como lo expresó el ministro de Salud en una charla con el portal especializado Consenso Salud, que “la CGT está proponiendo, al entender que el sistema está en grave riesgo, y de hecho lo estamos conversando, un incremento en los aportes (para las obras sociales) por parte de los trabajadores”, según revelaron diferentes medios periodísticos.

De concretarse, los aportes del trabajador pasarían del 3% al 4% de la remuneración bruta, y las contribuciones patronales se incrementarían al 7%. Sin embargo, como las cotizaciones con destino a las obras sociales están plasmadas en la ley 23660, una eventual modificación debería provenir también de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, aunque tampoco se descarta la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

A raíz de esto, ya se ventilaron algunas posiciones en contra del incremento del aporte de los trabajadores, por ejemplo, el Sindicato La Fraternidad.

Beneficios para el sector salud

Vale recordar que el gobierno nacional dispuso una serie de medidas para paliar la difícil situación de los agentes y las instituciones relacionadas con la salud, y garantizar la cobertura frente a la pandemia por el COVID-19.

Por ejemplo, dispuso la reducción del 95% de las contribuciones patronales que se destinan al SIPA y las alícuotas del impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras se reducen al dos con cincuenta centésimos por mil (2,50‰) y al cinco por mil (5‰) de estos establecimientos.

Además, desde mayo de este año, la Superintendencia de Servicios de Salud apoya financieramente a los Agentes del Seguro de Salud con el objeto de cubrir los gastos que específicamente demande la cobertura de pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19.