La superinflación en la Argentina: ¿Panorama de hiperinflación en el país?

La inflación es un fenómeno medible que se observa en la economía de un país y está relacionada con el aumento generalizado y sostenido por un periodo de tiempo prolongado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercializan en sus mercados.

Es decir, existe inflación cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. Si no hubiera inflación alguna, los precios bajarían (deflación), lo que ralentizaría el consumo y el crecimiento económico, pudiendo derivar en una espiral deflacionista también con consecuencias para la economía.

Los buenos gobiernos organizan los recursos escasos disponibles para satisfacer las diferentes necesidades razonables de las personas. Se entiende por inflación el aumento en el costo de la vida.

Cuando oímos que hay inflación, significa que los precios han subido o se han “inflado”, de ahí su nombre. Y en economía, se entiende por hiperinflación a una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario.

Muchos economistas consideran improbable que el gobierno pueda eludir una devaluación brusca del peso, lo que llevaría la inflación de 2023 a niveles muy superiores al 100%. No pasaba algo parecido desde hace más de treinta años, cuando sucedieron los últimos golpes de la hiperinflación, antes del plan de convertibilidad.

En el mundo, muchos países han pasado por la hiperinflación, la cual elimina prácticamente el poder adquisitivo de ahorros públicos y privados, distorsiona la economía en favor del consumo extremo y la acumulación de bienes reales causa el escape del país de la base monetaria, y hace del área afectada una exclusión para la inversión.

Los casos más emblemáticos han sido Alemania en 1921/1924, Grecia en 1944, Hungría en 1945/1946, Yugoslavia en 1993/1994, Zimbabue en 2008 y Venezuela en 2018/2021.

Los bancos centrales siempre tratan de que en su país haya algo de inflación, normalmente entre el dos y el tres por ciento anual, existiendo varias causas que pueden desencadenar esta manifestación inflacionaria (tales como un aumento de la demanda, un incremento de los costos de materias primas, expectativas inflacionarias, aumentos de la oferta monetaria).

Sin embargo, el principal origen radicaría en los excesos de dinero circulando en manos de la población que, al sentirse con más recursos, incrementa sus gastos provocando una mayor demanda de bienes y servicios en la economía, sin contrapartida, cuando la capacidad productiva del país no estaría en posibilidades de cubrirla en el tiempo, ocasionando así escasez y aumentos en los precios.

En otras palabras, puede haber muchas causas subyacentes, pero frecuentemente la causa inmediata de una hiperinflación es la decisión del gobierno de imprimir billetes en grandes cantidades para financiar un déficit fiscal. Cabe recordar que la hiperinflación argentina de 1989/1990 fue una crisis económica que tuvo dos fuertes picos en los años mencionados y se originó cuando se dispuso una emisión monetaria a gran escala. Fue así que con el objetivo de eliminar la distorsión de los precios relativos se produjo una fuerte devaluación del austral (como se denominaba la moneda local en ese momento).

La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. La mayoría de los países establecen políticas y planes consecuentes contra la inflación.

De esta manera, las autoridades monetarias responsables implementan las medidas necesarias para controlar la inflación al ser las encargadas de regular la cantidad de dinero en circulación. Hoy en día, este flagelo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la economía mundial, una vez transcurridos dos años del inicio de la pandemia de COVID-19.

Encontramos subidas de precios que alcanzan máximos históricos en Europa y Estados Unidos. Y en Latinoamérica, si bien la historia inflacionaria es diferente, igualmente hemos asistido a un perfil acelerado desde comienzos de 2021.

La medición oficial de la evolución de los precios está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A grandes rasgos, ese organismo mide la variación de los precios minoristas mediante el índice de precios al consumidor (IPC), que es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada.

Hasta julio/2017, el IPC cubría el Gran Buenos Aires. Desde ese mes, se amplió la cobertura del indicador a todo el país. El INDEC también registra la variación de los precios mayoristas. Lo hace mediante el Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), que brinda diversas alternativas de información sobre los precios en esa etapa. El SIPM está compuesto por tres índices: el índice de precios internos al por mayor (IPIM), el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) y el índice de precios básicos del productor (IPP). Los datos se obtienen de la encuesta sobre precios al por mayor, que permite observar, por un lado, la evolución de los precios de los productos destinados al mercado interno -de origen nacional o importado- y por el otro, las variaciones en los precios de los bienes que componen la oferta nacional total, es decir, sin diferenciar si su destino es el mercado interno o externo.

La defensa del valor de la moneda preserva los derechos ciudadanos fundamentales establecidos por nuestra propia Carta Magna. Sin embargo, las proyecciones para la inflación anual en nuestro país continúan en ascenso. Los expertos proyectaron ya una suba de precios estimada del 90,5% para 2023 y del 66,8% para 2024. La irracionalidad económica imperante puede ser entendida como una insensatez constitucional. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda debe ser combatida con eficacia no solamente política sino también con el sistema jurídico que regula las instituciones del Estado y aspira a garantizar una serie de derechos para los ciudadanos. Descuidar el mal inflacionario conduce al desgobierno. Y si un gobierno no planifica siquiera su mitigación efectiva, incurre seguramente en mal desempeño.

Cuando los economistas hablan de economía estancada, hacen referencia a un supuesto en el que el crecimiento económico es nulo o en porcentajes excesivamente bajos, motivado, entre otros, por un alto desempleo y una baja del PBI. Así, la estanflación es una coyuntura económica que se deriva de una situación en la que hay una inflación muy alta y la economía está estancada. Este término surge, entonces, de la unión de los conceptos “estancamiento” e “inflación” y constituye uno de los posibles momentos críticos que se pueden dar en una economía. Aunque se trata de un fenómeno que no ha ocurrido en muchas ocasiones, es necesario que no perdamos de vista en qué consiste y cuáles son sus causas y consecuencias.

Una razonable estabilidad monetaria es un derecho humano fundamental. Ello particularmente para los individuos que no tienen capacidad alguna de protección (resguardo, defensa o amparo). No puede haber un desarrollo económico sostenido sin una justa estabilidad monetaria. La pobreza e indigencia genera una sociedad precaria que no puede acceder a los elementos de necesidad básica, como alimentación y educación. De acuerdo con un informe de la CEPAL, la tasa de pobreza tiene una relación directa con el nivel del producto bruto interno. Con un nivel de PBI bajo, las tasas de pobreza y pobreza extrema siempre son relativamente altas y sostenidas en el tiempo. Se lo puede definir como “una magnitud económica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, normalmente de un año o trimestrales”.

La inflación local a la altura casi del 100% anual despoja de su carácter mítico o idealizado a toda posible narración gubernamental estructurada. Distorsiona cualquier señal económica realista, salvo quizás evitar una explosión hiperinflacionaria en el plazo mediato. Ante semejante cuadro de situación, en extremo delicado, resulta quizás llamativo que el gobierno nacional no haya tomado oportunamente medidas concretas eficaces tendientes a controlar esta escalada que, sin dudas, sigue provocando graves daños en el tejido social del país. Para combatir la inflación es necesario hablar la verdad, no solo reconociendo la real dimensión del problema sino también los orígenes del azote inflacionario. Se necesita que la oposición política esté dispuesta a contribuir y colaborar para resolver el problema. Y que el gobierno también se decida. Hoy, la suba de precios se mantiene firme. No hay un plan de estabilización.

Este artículo forma parte de la publicación Doctrina Societaria y Concursal, exclusivo para suscriptores de Errepar

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