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Errepar29/05/2023
Verónica S. Romero analiza la problemática respecto de la resolución de pedidos de extensión de responsabilidad en etapa de ejecución
Abogada. Profesora en Ciencias Jurídicas de la Univ. Nacional de Salta
“El derecho a la protección judicial resultaría ilusorio si el ordenamiento jurídico interno de los Estados diera lugar a que un mandato judicial final y obligatorio persista ineficaz en detrimento de una de las partes”.
Los derechos fundamentales de todo trabajador son muchas veces vulnerados aún después de obtener una sentencia condenatoria que los reconoce.
Lamentablemente en diversas oportunidades nos encontramos con una sentencia firme, pero sin la posibilidad de ejecutarla, ya que el legitimado pasivo del proceso se encuentra en rebeldía durante la etapa de ejecución (porque ha “desaparecido”), en consecuencia, la empresa donde trabajaba el actor ya no existe como tal, siendo el “empresario” director de la “empresa” una persona distinta de la persona física o jurídica que en algún momento fue demandada y condenada en un fallo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Todo esto deriva inevitablemente en el escenario desafortunado de una sentencia que reconoce la existencia de derechos a trabajadores que ven burlados sus créditos. Conductas totalmente reprochables de quienes alguna vez fueron sus empleadores, en claro desmedro de la buena fe.
Entonces comenzamos a preguntarnos: ¿cuál es la vía procesal correcta para solicitar la extensión de condena de una sentencia firme y consentida a un “tercero”, siendo que nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia? ¿Quién es el juez natural que debe conocer en este nuevo proceso? ¿Cuál es el plazo de prescripción del crédito del trabajador frente a este nuevo deudor? ¿Qué debo acreditar en este nuevo proceso?
Resulta evidente que esta circunstancia problemática despierta conflictos de orden procesal y de orden constitucional. Y es por ello que algunos destacados juristas no son partidarios de extender la responsabilidad a “terceros” ajenos al proceso principal, particularmente en aquellos casos en los que se pretenda extender la responsabilidad a socios y directivos por trabajo no registrado o indebidamente registrado en un trámite que se desarrolla en la etapa de ejecución de sentencia.
Hacer esta petición ante el poder jurisdiccional, decíamos, trae aparejados ciertos dilemas de orden procesal.
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