Comienza el proceso de juicio político a la Corte Suprema

Mañana jueves 26 de enero se reunirá la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos que proponen destituir a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la primera jornada se darán a conocer todos los proyectos que impulsan el juicio político contra la Corte. En total, son 12 expedientes, cinco de diputados y siete de ciudadanos particulares.

Pero hay diferencias entre las iniciativas. Algunas piden destituir a los cuatro jueces (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda), y otros solicitan el desplazamiento de alguno de ellos.

La agenda marca que el 2 de febrero expondrán los autores de cada uno de los proyectos y una semana después se producirá el informe de admisibilidad, dictaminando la apertura del sumario.

En ese contexto, la oposición amenazó con “paralizar el Congreso” si el oficialismo avanza con el pedido de juicio político.

Ante ese eventual escenario, un sector del oficialismo le solicita al presidente Alberto Fernández que dicte un DNU para reformar el máximo tribunal y ampliarlo a 25 miembros.

El borrador fue propuesto por el senador bonaerense del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona y está bajo análisis de gobernadores.

Qué dice el proyecto

Integración

- Modifica el artículo 21 del decreto ley 1.285 para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.

- Cada gobernador y el jefe de gobierno de la Ciudad elevará al Presidente una dupla de candidatos.

- El Poder Ejecutivo será el encargado de seleccionar a uno de los dos candidatos que luego deberán contar con el acuerdo del Senado.

- El Jefe de Estado “deberá garantizar la máxima paridad de género posible”.

- De no alcanzar el visto bueno del Senado, la provincia involucrada o el Poder Ejecutivo Nacional deberá elegir una nueva dupla.

- Da un plazo de 30 días hábiles -una vez oficializada la normativa- para que las Provincias y la Ciudad presenten a sus duplas de jueces.

- En caso de que gobernadores o el alcalde porteño no presente sus duplas en el plazo establecido, el Poder Ejecutivo -que propondrá a uno de los 25 miembros- también elegirá a los candidatos de esos distritos.

- Se incluyó una cláusula transitoria que trata sobre la situación de los actuales miembros del Máximo Tribunal. Al considerarse a Juan Carlos Maqueda oriundo de Córdoba; a Carlos Rosenkrantz de la Ciudad de Buenos Aires; y a Horacio Rosatti de Santa Fe, dichas provincias no podrán proponer duplas de candidatos hasta que se genere la vacante en cada una de ellas. En tanto, a Ricardo Lorenzetti se lo considera designado por el Presidente de la Nación. De esta manera, solo 21 gobernadores podrán proponer jueces en esta primera etapa.

Dónde ejercerán sus funciones

El proyecto busca modificar el artículo 10 del decreto ley 1.285 estableciendo que los ministros del Máximo Tribunal ejercerán sus funciones desde la jurisdicción en la que fueron designados. Los empleados de su vocalía también deberán estar radicados en dicha jurisdicción. Los candidatos propuestos por la Ciudad y por el Poder Ejecutivo, ejercerán sus funciones en CABA.

Los acuerdos y las votaciones

Según el borrador del DNU;

- Los acuerdos de Ministros se realizarán por medios digitales y remotos.

- Una vez al mes habrá una reunión presencial que se llevará a cabo en una provincia distinta cada vez hasta completar todas las jurisdicciones del país.

- Se sortearán tres jueces para admitir y rechazar recursos interpuestos; cinco jueces distintos a los que admitieron el recurso votarían para resolver la cuestión final una vez admitido el recurso; nueves jueces (distintos a los tres que admitieron el recurso) para resolver cuestión final en casos en que la Nación, las Provincias o la Ciudad, o sus dependencias sean parte en los casos; trece jueces en los casos que la Corte Suprema tenga competencia originaria.

- Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta.

- El sorteo de los ministros intervinientes tendrá en cuenta el cúmulo de casos que tenga cada uno de ellos para que las designaciones sean equitativas en la cantidad de casos.

- Los sorteos deberán realizarse por medio de sistemas que serán observados por el Senado de la Nación, a través del organismo u Observatorio que al efecto sea creado.

También modifica el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que en caso que un recurso extraordinario interpuesto sea “por arbitrariedad de sentencia”, la sala interviniente “deberá remitir el expediente a la mesa de entradas de la Cámara para sortear otra Sala de la Cámara respectiva distinta a la que dictó la sentencia de manera arbitraria según las partes para que estos resuelvan la admisibilidad del recurso”.

Por último, establece cambios al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que se tendrá que fundamentar razonablemente las decisiones de admisibilidad o no de los recursos extraordinarios.

¿Es constitucional el DNU para modificar la Corte Suprema?

El abogado Andrés Gil Domínguez, en su cuenta de Twitter, señaló que “un DNU para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros es constitucionalmente improcedente. No se verifica una objetiva situación de emergencia que impida funcionar al Congreso como órgano natural donde debe discutirse el tema”.

Y agregó que “desde el punto de vista sustancial, la nominación de candidatos y candidatas exclusivamente sobre la base del domicilio quiebra el principio de igualdad basado en la idoneidad y vacía la atribución presidencial otorgada por la Constitución argentina”.

Por último, señaló que “la Corte Suprema necesita una reforma integral de forma urgente pero este no es el camino. Una ley orgánica es la alternativa más idónea. Solo hay que revisar el informe final del Consejo Consultivo”.

Comunicado del Colegio de Abogados de Capital Federal

Mediante un comunicado en su página web, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal rechaza el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y expresa su preocupación por “el deterioro institucional que implica el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema”. En particular, se menciona que el pedido no cumple con los recaudos previstos en la Constitución Nacional y destaca que la falta de consenso político resta seriedad al proceso.

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