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Erreius21/03/2023
La medida será por 180 días y busca controlar el funcionamiento del servicio
Mediante la Resolución 307/2023, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ordena la intervención de la empresa EDESUR en el marco de los masivos cortes de servicio.
La resolución toma como referencia los sucesos del día 10 de febrero cuando 180.000 usuarios se quedaron sin servicio y posteriormente se detectaron eventos de baja y media tensión que afectaron a la población.
Asimismo, se menciona que la demora en el proceso de reclamos y la información brindada por la empresa no se corresponde con las buenas prácticas que debe seguir.
Concretamente, la resolución dice “la Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones.”
También se recuerda que el ENRE denunció penalmente a EDESUR “por la presunta comisión de los delitos de defraudación de los derechos acordados (art. 173, inc. 11 del Código Penal), abandono de personas (art. 106 del Código Penal) y entorpecimiento de los servicios públicos (art. 194 del Código Penal).”
Otro punto importante que se menciona es la afectación de personas electrodependientes que en los últimos días quedaron sin servicio.
Según la resolución se trata de una intervención de control y fiscalización, “en los términos de las facultades otorgadas por el Contrato de Concesión, con la finalidad de controlar todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de EDESUR S.A.”
En los considerandos de la resolución también se aclara que la medida debe ser provisoria, transitoria y excepcional. Este tipo de intervención no afecta la propiedad de la empresa ni de las sociedades que la integran.
El artículo 1 especifica que el plazo de intervención será de 180 días.
El interventor designado es Jorge Ferraresi. De acuerdo a su funciones, deberá presentar informes periódicos cada 10 días y un informe final al finalizar su intervención.