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Erreius23/01/2023
Martín Fernández Cárdenas plantea la necesidad de un cambio en el ordenamiento jurídico nacional, para enfrentar a la delincuencia informática
Abogado. Especialista en Derecho Penal
¿Hace cuánto existe el concepto de “ciberdelincuencia”? ¿Empezó con el comienzo de Internet? ¿Es un delito nuevo? ¿A quiénes ataca? ¿Cuáles son las personas con más riesgo de sufrirlo? ¿Cuál es el verdadero impacto de un ataque informático? ¿Cuáles son las penas que existen para un ciberdelincuente? ¿Qué dice el Código Penal argentino? ¿Cuáles son los inconvenientes que atraviesa el sistema judicial para poder investigar este tipo de delitos? Dicho Poder Judicial, ¿se encuentra preparado para hacerle frente a estas conductas delictivas llevadas a cabo mediante diferentes mecanismos informáticos? ¿Es fácil atrapar a un ciberdelincuente? ¿Cuál es la responsabilidad legal de las empresas proveedoras de servicios de Internet?
En primer lugar, este trabajo intentará responder todas estas preguntas, haciendo un breve repaso histórico e investigando la legislación argentina.
En segundo lugar, se pretenderá contrastar las opiniones de diferentes autores expertos en la temática de ciberdelincuencia y se brindará una mirada crítica del sistema judicial argentino, del cual me gustaría aclarar previamente que formo parte, ya que trabajo en una Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina, hace algunos años; por lo tanto sé por experiencia propia todos los inconvenientes que se atraviesan al momento de querer investigar un ciberdelito.
En razón de ello, existen diferentes dificultades judiciales que pretenderé abordar que, en mi opinión, deberían mejorarse para intentar hacer frente a las diferentes modalidades de delincuencia informática con la que nos encontramos hoy en día.
Asimismo, se mencionarán diferentes fallos jurisprudenciales que servirán de ejemplo a las ideas aquí planteadas.
Concluyendo esta introducción, la última etapa del trabajo constará de una conclusión personal, en referencia a la necesidad de un cambio en los ordenamientos jurídicos.