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Errepar05/04/2023
Hasta el 21 de abril los profesionales podrán inscribirse en la página web del Consejo Profesional porteño
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires informó que, hasta el próximo 21 de abril, se encuentra abierta la inscripción para formar parte durante del 2023 del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las incumbencias establecidas por la Ley 20.488 para los Contadores Públicos, Actuarios, Licenciados en Administración, Licenciados en Economía y así también los Doctores en Ciencias Económicas, en los términos establecidos por la Resolución del CAGyMJ Nº 1/2023.
La inscripción para formar parte del cuerpo de peritos se debe realizar únicamente a través de la página web del Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires y la misma se podrá efectuar hasta las 18:30 hs del 21 de abril.
Una vez concertada la inscripción a través de la página web, los profesionales deben concurrir, el primer día hábil siguiente de efectuada la misma, a la sede Central del Consejo Profesional, Viamonte 1549 o en la oficina que la entidad profesional tiene en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Córdoba 2122, de 9:30 a 17.30, a fin de ratificar con su firma la solicitud, acompañando las constancias correspondientes, de ser necesario.
Para poder efectuar la inscripción, se deben cumplir con los los siguientes requisitos:
La inscripción tendrá vigencia durante 2 años, pudiendo ser renunciada en cualquier momento.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño inició una gestión ante el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se exima del pago del arancel de $4.000 para la inscripción de los Auxiliares de la Justicia.
Asimismo, en caso de que resulte imposible implementar esta solicitud, la entidad profesional pidió que se evalúe la posibilidad de considerar una reducción del 50% en el valor del arancel establecido.
El pedido se basa en que el ingreso de este arancel representa una erogación de carácter previo a la potencial asignación de causas y más aún, al efectivo cobro de los honorarios que finalmente pudieran regularse luego de transitar un largo proceso judicial que se extiende en el tiempo.